¿QUÉ ES EL CERTIFICADO ENERGÉTICO? ¿CUÁNTO CUESTA Y CÓMO AFECTA AL MERCADO DEL ALQUILER?
A partir del 1 de junio, un propietario que quiera vender o alquilar su vivienda deberá tener un certificado energético de la misma para conocer lo eficaz que es desde el punto de vista de ahorro energético. Una clasificación que ya tienen los electrodomésticos de un hogar y que va desde el A, la vivienda que mejor ahorra energía, a la G, la más ineficiente.
No ha entrado en vigor todavía y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) critica que las autoridades impongan a los particulares la obligación de obtener un certificado energético a la hora de vender o alquilar sus inmuebles y que supondrá un gasto de 250 euros por piso medio. Sin embargo, David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro, recuerda que se trata de una normativa que está vigente en Europa y, por lo tanto, «lo que pretende es converger con nuestros socios comunitarios».
En este sentido, «desde Alquiler Seguro estamos proporcionando ya el certificado, que será necesario tanto para alquilar como para publicitar un inmueble en alquiler o venta». Y es que como recuerdan desde el portal inmobiliario Pisos.com «la etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio», dejando clara la exigencia de contar con un certificado para anunciar un inmueble, ya sea en el escaparate de una agencia o en un portal inmobiliario. Dado que el régimen sancionador todavía está en trámite y muchas regiones aún no cuentan con un registro oficial o un equipo de inspectores, es muy posible que no se sancione desde el mismísimo 1 de junio.
No obstante, una vez pasado un periodo de transición, la posesión del certificado será imprescindible, no solo para publicitar un inmueble, sino para firmar las escrituras de la venta o el contrato de alquiler, puesto que el nuevo propietario o inquilino puede denunciar al vendedor o casero por carecer de certificado.
Para Carlos Ruiz, gestor de Arrenta, cree que será muy difícil controlar la implantación del certificado energético en la vivienda de alquiler, ya que los contratos se hacen entre particulares. Además, recuerda que la economía sumergida que existe en España hará más que probable que no se tenga y máxime cuando para obtenerlo es necesario abonar entre 150 euros y 200 euros, según el tamaño de la vivienda.
Eso sí, el certificado energético, que tendrá una validez de 10 años, solo se pedirá a aquellas viviendas que se pongan en venta o alquiler a partir del 1 de junio, y no a las que ya estén alquiladas.
Cómo afectará al mercado de alquiler
Tanto Carlos Ruiz como David Caraballo no creen que la clasificación del certificado energético sea determinante para alquilar una vivienda. «El precio, la ubicación» seguirán siendo los factores claves a la hora de decantarse por una vivienda u otra.
Aunque Caraballo sí que cree que servirá para poder acceder a las ayudas al alquiler, ya que las ayudas se van a dirigir al mercado del alquilar y para acceder a ellas, la fianza debe estar depositada en el organismo correspondiente y contar la vivienda con el certificado.
Miguel Ángel Alemany, director de pisos.com, cree que «Cuando un inquilino busca una casa, no solo se detiene a estudiar la renta que pagará cada mes, sino que también tiene en cuenta otros gastos añadidos como podrían ser la cuota de la comunidad o los suministros. En este último punto, la certificación energética juega un importante papel. Para evitar una factura de la luz demasiado alta, siempre se trata de gastar lo menos posible, por ejemplo, usando bombillas de bajo consumo, pero puede que el problema no esté en nuestra capacidad de ahorro, sino en la casa en sí»
Alemany también piensa que «que un principio genere cierto rechazo», pero no cree que a partir del 1 de junio la oferta en alquiler existente se reduzca de forma abrupta. Creemos que el coste del certificado se repercutirá en el alquiler de algún modo, incrementando la renta mensual o tratando de que el inquilino cumpla con otro tipo de gastos como la comunidad o, incluso, la tasa de basuras o el IBI.