logo
EL GOBIERNO OBLIGARÁ A LA ENTIDADES A CREAR UN "BANCO MALO"

EL GOBIERNO OBLIGARÁ A LA ENTIDADES A CREAR UN "BANCO MALO" ("20-10-2012")

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que se pedirá a dos valoradoras independientes la tasación de toda la cartera inmobiliaria de la banca.


Soraya Sáenz de Santamaría acaba de anunciar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno pedirá a dos instituciones independientes la valoración del ladrillo de la banca. Según trascendió ayer, el Eurogrupo iba a pedir el lunes, formalmente, a España que diera este paso para despejar las dudas sobre la situación real de la banca.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha detallado la forma en la que el Gobierno ha decidido subir las provisiones exigidas a la banca para cubrir sus créditos sanos relacionados con el ladrillo, que en la anterior reforma financiera se estableció en el 7%. El suelo tendrá que estar cubierto al 52%; las promociones en curso al 29%; las terminadas al 14% y los créditos sin garantía real al 52%.

La cobertura promedia pasa del 7% al 30%, los que significa un esfuerzo adicional para el sector de entre 38.000 y 40.000 millones, que tendrán que ser encontrados antes de finales de año. El 11 de junio, las entidades tendrán que entregar al Banco de España los planes sobre cómo piensan cumplir con las nuevas exigencias. El regulador tendrá 15 días para emitir una respuesta.

Los bancos tendrán que cargar las nuevas provisiones contra resultados y, si fuera necesario, asumir contra capital las pérdidas correspondientes. En el caso en que, como consecuencia de estas provisiones, las entidades incurran en déficit de capital, el Estado podrá inyectarle recursos mediante los llamados bonos contingentes convertibles (CoCos), o acciones.

De Guindos ha insistido en que no se trata de ayudas públicas, ya que los CoCos serán remunerados al 10% anual. En su opinión, el Tesoro acabará ganando dinero con estas operaciones. Además, el ministro ha insistido en que, según las estimaciones que maneja el Gobierno, el dinero público que habrá que meter en la banca será inferior a los 15.000 millones, es decir, la cifra que inyectó el FROB bajo el mandato del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El responsable de Economía también ha reiterado que las nuevas inyecciones de recursos que se realizarán a través del FROB no computarán como déficit, sino como deuda. Ha recordado que el Fondo aún tiene liquidez por 5.000 millones que ya han sido emitidos y, por lo tanto, ya están computados en la ratio deuda/PIB.


"BANCO MALO" OBLIGATORIO

El Gobierno estable en este Real Decreto la creación de las sociedades inmobiliarias para que los bancos enanejen sus activos inmobiliarios y, en concreto, los activos inmobiliarios "físicos", es decir los activos adjudicados en los canjes de deuda o embargos.

Estos activos, según el borrador, "deberán ser aportados por las entidades a una sociedad anónima para la gestión de activos". Tal y como ha confirmado De Guindos, el "banco malo" será obligatorio para las entidades.

La valoración de los préstamos y el ladrillo que se traspase se realizará a "valor razonable" y, cuando no sea posible, a su "valor contable neto", una vez deducidas las provisiones exigidas con el Real Decreto del pasado febrero. Es decir que, el Gobierno, da por buena la valoración de los activos con la provisión actual.

Cada año, las entidades estarán obligadas a vender un 5% de estos activos, lo que significa que, en el peor de los casos, la enanejación de estos activos requerirá 20 años.

Los bancos no podrán desconsolidar estas sociedades, al ser ellos los accionistas mayoritarios. Sólo podrían hacerlo en caso de encontrar un socio que tome una participación mayoritaria en el capital, lo que ocurrirá en una segunda fase. Según De Guindos, "si como esperamos las valoraciones independientes confirmarán que la valoración de los activos es la correcta" es lógico pensar que habrá inversores interesados en entrar.


MAFO

En varias ocasiones los periodistas han preguntado a la vicepresidenta y al ministro si el Gobierno no confía en el Banco de España, ya que ha encargado una valoración independiente de los activos. El Ejecutivo tan sólo ha contestado que se ha hecho para realizar un ejercicio de absoluta transparencia y en ningún momento ha manifestado tener confianza en Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Soraya de Santamaría ha recordado que el mandato de Ordóñez termina en julio y ha descartado tajantemente que pudiese renovar.



Fuente: Expansión